Marca España: Legalizar lo ilegal

Las Leyes Mordaza, ese paquete de reformas contrarias a los Derechos Humanos orientadas a la criminalización de la protesta social, al ejercicio de las libertades de manifestación y de información, también se ceba con los derechos de las personas en situación de exclusión social y con las personas migrantes.

Una de sus mayores atrocidades es la pretensión de defender la actuación policial en las fronteras, con una enmienda en la ley Mordaza para posibilitar las expulsiones de personas automáticas y sin garantías en Ceuta y Melilla. Esto lesiona flagrantemente el derecho comunitario así como tratados y convenios internacionales.

La Plataforma No Somos Delito remitió en noviembre una carta firmada por 16 organizaciones y plataformas al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en la que se denuncia la propuesta del Ministro de Interior Fernández Díaz de “rechazar extranjeros en la frontera” para que le recuerde a España cuáles son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el derecho comunitario e internacional.

José Palazón, director de la ONG melillense Prodein, afirma con rotundidad que “la aprobación de la Ley Mordaza va a suponer en el ámbito de las únicas fronteras terrestres que tiene España y Europa con África la confirmación oficial y legal de su estatus de hecho como muro militar”. Según nos informa, “el proyecto comenzó en los años 90 con una secuencia de construcción de vallas cada vez más altas y más peligrosas que no ha cesado aún, con la implicación cada vez mayor del ejército colonial marroquí en el control militar de una frontera que el país magrebí no reconoce, con una legislación cada vez más dura y más arbitraria con los inmigrantes y refugiados que intentaban el acceso a nuestro territorio buscando cobijo y protección. Los métodos empleados para evitar el acceso al territorio, y en su caso, la deportación han sido progresivamente más violentos e ilegales”.

La enmienda que pretende legalizar las devoluciones en caliente “puede abrir una brecha en las garantías por las que la comunidad internacional ha luchado duramente desde la II Guerra Mundial”, según ha manifestado Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras la aprobación en el Senado de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana.

Según Palazón, la acción militar conjunta hispano marroquí ha provocado incontables muertes y centenares de heridos con una absoluta impunidad, haciendo que miles de personas, las más vulnerables: mujeres y niños, tengan que optar por un peligroso viaje en patera con consecuencias conocidas y de las cuales no pueden tampoco los gobiernos español y marroquí eludir su responsabilidad directa. Si estas situaciones se han dado hasta ahora de forma ilegal y con una absoluta impunidad, se pretende ahora dar cuerpo legal a las mismas para evitar las responsabilidades criminales que se puedan derivar de ellas.

Todo ello al tiempo que se pretende impedir la difusión e información de los actos y métodos que son habituales en frontera y que aún haciéndolos legales en nuestro territorio seguirán siendo manifiestamente ilegales en el orden jurídico internacional. Recordamos aquí que otra de las funestas sanciones que el Gobierno pretende imponer con la Ley Mordaza va dirigida a quienes difundan imágenes de una intervención policial, con multas de hasta 30.000 euros, lo que significará vía libre a una mayor impunidad policial.

Desde No Somos Delito se seguirá denunciando que no puede tolerarse que existan fronteras por encima de los derechos humanos. Porque ningún ser humano es ilegal. Porque no podemos consentir que se perpetren graves violaciones de Derechos Humanos en nombre de nuestra seguridad ciudadana. Por ello y otras muchas razones la Plataforma insta al gobierno a que retire sus Leyes Mordaza y a la dimisión del Ministro de Interior Fernández Díaz, promotor de esta enmienda que es del todo intolerable.