Las promesas del gobierno sobre la derogación de la Ley Mordaza forman parte de una estrategia de maquillaje.

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Jueves, 18 Octubre, 2018 - 15:45

 

No Somos Delito pide que el trámite en el Congreso de la Ley Mordaza no sea otro gesto simbólico y que dé lugar a un nuevo texto que proteja los derechos de la ciudadanía.

Desde antes de la aprobación de la actual Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, ha existido un gran consenso social y político en su contra. Gran parte de los partidos políticos de la oposición se comprometieron ya en febrero de 2015 a su derogación tan pronto como la "matemática parlamentaria" lo permitiera.

Sin embargo, más de 3 años y medio después de su aprobación, después de más de 2 años de la actual legislatura y tras 4 meses de Gobierno del Partido Socialista, todavía sigue en vigor una de las leyes que más ha perjudicado a los derechos de reunión y asociación y a la libertad de expresión en el estado español.

Por tanto, la creación de una agenda de trabajo por parte de la Comisión Interior para la reforma definitiva de esta Ley que se anunció la semana pasada debería ser una buena noticia. Sin embargo, desde No Somos Delito vemos con más preocupación que esperanza las últimas noticias. Preocupación porque la anunciada derogación de la Ley Mordaza se convierta en otro gesto simbólico, y que la próxima Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana no sea más que una Ley Mordaza decorada con carmín.

Desde la presentación de los textos de las dos iniciativas parlamentarias que actualmente se están debatiendo, No Somos Delito ha criticado lo reducido de las reformas planteadas por el PSOE y el PNV. En las Jornadas Parlamentarias del pasado 5 de julio, demandamos junto a 15 organizaciones y colectivos de la Sociedad Civil y ante los grupos parlamentarios una normativa respetuosa con los derechos fundamentales que rompiera definitivamente con la falsa dicotomía entre seguridad y libertad.

Por desgracia, la llegada del PSOE al Gobierno no sólo ha significado dejar atrás su promesa electoral de derogar completamente la Ley Mordaza, si no que parece que ahora renuncia a eliminar parte del articulado sobre el que el mismo PSOE presentó un recurso en 2015 al Tribunal Constitucional. No es de recibo que un partido que recurrió las devoluciones en caliente, espere ahora a conocer el resultado de un recurso a favor de estas mismas expulsiones sumarias que presentó el anterior Gobierno del PP ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pues esta normativa no es más que un ataque a los Derechos Humanos y otros tratados internacionales de asilo y refugio que es lo que suponen las deportaciones sumarias.

Tampoco que se filtre su intención de ampliar la aplicación de la sanción por "Falta de Respeto a la Autoridad" a cualquier actuación de los agentes en el ejercicio de su autoridad y no sólo a las de protección de la seguridad ciudadana, o que en vez de eliminar los castigos por la difusión de imágenes de la Policía sólo se les pida que justiquen en los atestados por qué la difusión de estas imágenes pone en peligro su seguridad personal o el éxito de los operativos.

Por otro lado, en No Somos Delito vemos como positivas las medidas anunciadas en el acuerdo Presupuestario 2019 entre el Gobierno y Unidos Podemos. Sin embargo, la reforma del Código Penal no debe quedarse en esas "medidas de mínimos", debe hacerse un cambio de mayor calado y de profundidad y no sólo de los artículos que actualmente se encuentran en la agenda mediática por las sentencias desproporcionadas o por las denuncias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que no se trate de una pose para un rédito electoral, sino que sea un cambio real que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales y el respeto de los Derechos Humanos, pues  el propio subtítulo del acuerdo indica "Reforma de la Ley Mordaza" . Este subtítulo muestra que de forma consciente o inconsciente se piensa por parte de PSOE y Unidos Podemos que el resultado de la reforma también será una nueva Ley Mordaza.

Desde la Plataforma No Somos Delito queremos la derogación total de todos los aspectos lesivos para los derechos fundamentales de esta ley. En realidad, no creemos que sea necesaria la existencia de una Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, ya que la mayor parte de los hechos regulados en la LPSC ya están contemplados en otras normas.

Por tanto, ya sea a través de la derogación definitiva de esta Ley o su conversión en una Ley que realmente proteja la Seguridad Ciudadana entendida como la consecución de un espacio público que permita el libre ejercicio de nuestros derechos.

Exigencias desde la Sociedad Civil:

- Pedimos que la reforma de la ley mordaza no se quede en un maquillaje: que no se limite a los aspectos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional ni a los que marca el Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos, pues supondría mantener en vigor artículos muy lesivos para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Esta reforma es una oportunidad histórica para avanzar en derechos y libertades democráticas.

- Entendemos la Ley de Seguridad Ciudadana como parte de un paquete de leyes, y por ello hablamos de “Leyes Mordaza”. La reforma debe ser integral y no limitarse a la Ley de Seguridad Ciudadana, urge abordar la reforma del Código Penal. Urge derogar los delitos que permiten que raperos y twitteros estén siendo condenados a prisión por enaltecimiento del terrorismo, delitos de injurias a la Corona y/o de ofensa a los sentimientos religiosos.

- Exigimos que se habiliten mecanismos que faciliten la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de reforma de la ley. Hay organizaciones sociales, de juristas y jueces que llevan tiempo estudiando esta ley y proponiendo cambios fundamentales en pro de nuestros derechos y libertades. Esta actuación no debe quedarse en comparecencias formales, sino que exigimos la participación en un debate abierto con grupos parlamentarios y ponentes.

 Protección de nuestros derechos y libertades:

En definitiva, pedimos que en el proceso de reforma se tomen en consideración 10 puntos que son fundamentales:

- Seguridad Jurídica, es decir,  criterios claros y predeterminados que permitan a la ciudadanía ser capaz de conocer de antemano y de forma certera cuales son  las posibles injerencias del estado que le puedan afectar.

- Efectiva presunción de inocencia y carga de la prueba: eliminación del principio de veracidad de los agentes que pone la palabra de las fuerzas de seguridad del estado por encima de la ciudadanía, dejando a ésta en una situación de indefensión y sin derecho de defensa.

- Principio de igualdad y no discriminación: prohibición de las devoluciones en caliente garantizando el acceso de estas personas al proceso de asilo y la eliminación de las redadas racistas.

- Protección de datos de carácter personal y desaparición del registro de infractores, mediante la derogación del mismo. El registro central de infractores puede ser usado como medida para establecer un listado de personas disidentes.

- Especial protección de la diversidad y de las personas más vulnerables. Prohibición de la criminalización de la pobreza: Mediante erradicación de infracción por venta ambulante, erradicación de infracción por servicios sexuales, deslucimiento espacio público, etc.

- Defensa de Derechos Fundamentales:

  • ·        Derecho de Manifestación: derogación de infracciones por convocar manifestaciones no comunicadas mediante la regulación del derecho de manifestación espontánea.
  • ·        Libertad de pensamiento y de expresión: mediante la derogación de las faltas de respeto a los agentes de FCSE.
  • ·        Derecho a la información veraz y el derecho de documentación e información de abusos policiales: mediante la derogación de la infracción por uso de imágenes de FCSE.
  • ·        Derecho de tránsito: mediante la erradicación de las redadas por perfil étnico.
  • ·        Derecho a la intimidad y seguridad en los cacheos y registros: mediante la prohibición expresa de los cacheos con desnudo parcial o integral en la vía pública  y medidas garantistas para población LGTBI.

 

Desde No Somos Delito y otras organizaciones de la sociedad civil estaremos vigilantes para denunciar todas aquellas medidas que no respeten los Derechos Humanos ni fomenten el ejercicio de los derechos fundamentales, que puedan darse durante este proceso que se inicia ahora para la modificación de las Leyes Mordaza y analizaremos los textos propuestos para evitar que se sigan atacando las libertades y derechos de la ciudadanía.

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