La ley cambia pero la mordaza continúa

• La Plataforma No Somos Delito tacha la reforma de insuficiente e incompleta y recuerda la necesidad de una legislación garantista de los derechos y libertades

• Los puntos más lesivos de la ley continúan sin modificarse: con esta reforma los derechos a la libertad de expresión, de reunión, información y a la intimidad seguirán siendo socavados

Tras casi dos años de paralización en la reforma de una de las leyes estrella del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se acaba de constituir la ponencia de la Comisión de Interior destinada a derogar la Ley Mordaza, impulsada por un paquete de enmiendas que desde la Plataforma No Somos Delito calificamos de reforma tibia e insuficiente. A falta del fin de las negociaciones, se demanda el replanteamiento de aquellos puntos en los que haya posibilidad de incidencia para eliminar los aspectos más lesivos de la norma. 

Desde la Plataforma resaltamos que no es una derogación, como se ha anunciado, sino una reforma descafeinada y poco garantista. Si bien hay avances recogidos en las propuestas gubernamentales en lo referido al ejercicio de derechos fundamentales, la reforma que se propone sigue siendo una Ley Mordaza, al mantener, entre otras cuestiones, las sanciones con las que más se ha multado por ejercer libertades fundamentales. 

Entre los avances que destaca que se reconozca el derecho de manifestación espontánea, incorporando, por fin, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; que se establecen medidas para tratar de delimitar las prácticas policiales más abusivas en materia de identificación, cacheo y registro; que se deroguen algunas de las infracciones problemáticas en materia de derecho de reunión, como las que sancionaban las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados o los desórdenes públicos; que se establezca un sistema garantista en la ejecución de las sanciones, con medidas de conciliación o reparación del daño antes inexistentes, o un sistema más justo a la hora de calcular la cuantía del pago en función de los ingresos de la persona sancionada. 

La exposición de motivos, por otra parte, recoge en gran medida la redefinición del concepto de "seguridad ciudadana" que hemos planteado desde No Somos Delito, poniendo el énfasis en la garantía de los derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos, si bien su concreción en el articulado se queda muy corta.

Las libertades de expresión, reunión, manifestación e información seguirán amordazadas, al mantener las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta, como la del art. 36.6 que sanciona la desobediencia o la negativa a identificarse, o la falta de respeto a agente de la autoridad (art. 37.4), auténticos cajón de sastre de la arbitrariedad policial. 

De igual modo se mantiene la "presunción de veracidad" de los funcionarios policiales, siendo este el núcleo que posibilita la arbitrariedad y la imposibilidad de defensa efectiva de la ciudadanía en los procedimientos sancionadores. Las enmiendas sólo alcanzan a limitar esta con la exigencia de que su relato sea "coherente, lógico y razonable". Esta salvaguarda es insuficiente, siendo necesario que la palabra del policía tenga simple valor de denuncia en los procedimientos sancionadores. Además, siguen abundando conceptos imprecisos y ambiguos que permiten la arbitrariedad y los abusos. 

Por otro lado algunas modificaciones no resuelven o no influyen en su aplicación, como los relativos al uso no autorizado de imágenes, la obstrucción a la actuación de comisión judicial, la decisión de la policía de quien es el convocante de las manifestaciones, o que la pretendida prohibición del uso de las pelotas de goma se haya redactado en términos tibios, sin alcanzar la exigencia ciudadana de que se eliminen medios lesivos y letales para reprimir la protesta.

También se pierde la oportunidad de regular de manera garantista los cacheos y otros supuestos que vulneran claramente el derecho a la intimidad, los derechos LGTBIQ, derechos humanos de las minorías étnicas, personas consumidoras de drogas y la discriminación de todo tipo de minorías. Y se conserva el registro de infracciones, sin añadir medidas garantistas al respecto (derechos ARCO, como mínimo). Además, no se derogan las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente, ni se prohíbe expresamente la realización de redadas por perfil étnico o racial. 

En un escenario de creciente conflictividad parlamentaria y de auge de opciones políticas y sociales que promueven la intolerancia, No Somos Delito entiende que solo los avances en derechos y libertades son el camino para lograr una sociedad inclusiva, justa y democrática. La participación efectiva de la sociedad civil en los procesos de transformación legislativa es una exigencia irrenunciable. La futura ley debe tener en cuenta los preceptos esenciales en materia de Derechos Humanos y garantizar la participación efectiva de la sociedad civil, sin dejar a nadie atrás.