MOVIMIENTOS SOCIALES Y OPOSICION SE REUNEN EN EL CONGRESO PARA DENUNCIAR LAS LEYES MORDAZA UN DÍA DESPUÉS DE SU APROBACIÓN

Las organizaciones de derechos humanos tildan estas leyes como las  “más restrictivas desde el Franquismo”

Madrid, 27 marzo de 2015.  Un día después de que el Congreso diera luz verde a las conocidas como Leyes Mordaza  (Ley de seguridad ciudadana, reforma del código penal y pacto antiterrorista) se ha desarrollado un acto  de  rechazo organizado  por movimientos  sociales, organizaciones de  derechos  humanos, ongs  y juristas. Se  trató  de  un encuentro que denunció,  en  la  misma  casa  donde  se  aprobaron,  que  estas  normas ponen en  jaque  los  derechos  y  libertades  básicas  de  los  ciudadanos  como  son  el  derecho  a  reunión pacifica, manifestación , expresión e información y que suponen una grave vulneración de los derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social.

Se trató de un acto marcado por un ambiente de compromiso y amenizado con cánticos de la Solfónica del 15 M y expresiones de reivindicación ciudadana.

Desde No  Somos  Delito, colectivo  responsable  de la  organización  del  evento,  se  ha    remarcando  el compromiso de la sociedad civil organizada contra el ataque frontal, el varapalo a la democracia  y el estado policial que generan de las Leyes Mordaza.  “Parece que estorbamos al gobierno y no lo vamos a tolerar” ha destacado Carlos Escaño, portavoz del movimiento.
 
Cristina de la Serna, de Rights International Spain, ha apelado “al círculo vicioso de injusticia y el claro rechazo  internacional  a  estas  leyes,  que  suponen  la  aplicación  arbitraria  de  la  ley  y  la  criminalización  de protestas  pacíficas  legítimas  en  una  sociedad  democrática, como algo  extremadamente  preocupante que provoca una situación de riesgo condenada desde el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya”.
 
Ignacio  González,    de Jueces  por  la  Democracia,  ha  remarcado que  su  colectivo  está  en  contra  de  estas  nuevas leyes,  porque  los  jueces  “no  pueden ser  neutrales en  leyes  que  vulneren los  derechos  humanos”.  Igualmente, apeló  a la falta de alarma social, y cómo el gobierno ha planteado un conflicto social como un conflicto de orden público cuando  “la respuesta ciudadana ante su gestión ha sido ejemplar y responsable”.
 
Alejandro  Gámez, de Asociación  Libre  de Abogados ha  destacado  como  estas leyes  forman  un  todo que muestra  “la  voluntad  del  ejecutivo  de  quebrantar  los  principios  de  la  justicia  y  su  vocación  para desmantelarla, y garantizar la impunidad del estado y sus agentes”. Ha denunciado que con ellas se convierte lo  “legitimo  en  ilegal”.  Igualmente  ha  denunciado  la  visión  economicista  de  la  sociedad  y  la  justicia  que tienen    “Condenan  más  llevarse  un brick de  leche de  un  centro  comercial  que  defraudar  a  la  hacienda pública”.
 
Elena Rodríguez, de la Plataforma Tercer Sector, que representa a colectivos que luchan contra la pobreza como Cáritas o Cruz Roja ha puesto el foco en un ámbito ausente del debate de estas leyes, el de las personas más vulnerables a la que criminalizan fuertemente estas leyes.
 
Isabel Elenuku,  de SOS Racismo ha exigido el cese inmediato de las redadas racistas y las devoluciones en caliente, a la vez que apuntado hacia los malos tratos y las ilegalidades de la valla de Ceuta y Melilla que Desde  Legal  Sol,  su  representante  ha  destacado  la  solidaridad,  el  apoyo  mutuo  y  resistencia de las 610 personas detenidas desde 2011 y a las 1179 personas sancionadas por protestar.
 
Las  asociaciones  afectadas  por  estas  leyes,  que  serán  efectivas  a  partir  del  próximo 1  de  julio,  también mostraron su rechazo e indignación.
 
Miguel Ángel Soto de Greenpeace ha explicado como su organización va a ser una de las más afectadas por estas nuevas  leyes  “El  activismo  ambiental cuenta  con  una  larga tradición  de  la  desobediencia  civil y  la responsabilidad que tienen en defender los bienes públicos globales”.
 
Yolanda Quintana, de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión explicó que la aprobación de estas leyes es el  peor recorte  de libertades  desde  el Franquismo. Los representantes  de  las Marchas de la Dignidad 22M denominaron  estas leyes  como  “estrategias del  sistema  para  criminalizar  este  masivo movimiento  social”.  Francisco  Morote  Vidal,   de  la  Plataforma  de Afectados  por  la Hipoteca,  afirma como estas leyes han sido diseñadas a medida para reprimir muchas de las formas de la protesta social, y en concreto  la  de  la  PAH:  “Nos  sentimos  tristemente  protagonistas,  porque  describe  las  actuaciones  que venimos  realizando  desde  hace  seis  años.  No  vamos  a  parar  “. Patricia  Martín  Díaz  de Avaaz  puso  en evidencia  el  sinsentido  de unas  leyes  que  han  nacido  muertas pues  cuentan  con  el  rechazo  de  un  amplio espectro de la oposición.
 
Así  lo  explicó  Ricardo  Sixto, Izquierda  Plural “La  Ley  Mordaza  es  la  más  sangrante, a  la  que  nos oponemos todos grupos parlamentarios menos el Partido Popular y nuestros votos estarán encima de la mesa para derogar el texto, ese es nuestro firme compromiso”. EQUO se unió al coro de voces que condenan estas reformas,  “Detrás  de  estas  leyes  está  la  estrategia  del  miedo”,  explicó  Juantxo  López  de  Uralde  su representante.
 
Podemos también  asistió  por  primera  vez  al  Congreso  reclamando  dignidad  de  las  protestas y  animó  a “hacer como que estas leyes no existen” y ha insistido en la oposición internacional no escuchada por el gobierno que le da igual por su mayoría absoluta. BNG también envió un comunicado en el que hablaba de  la prepotencia del estado y la indignación que les causa la aprobación de estas leyes.
 
Uno de los momentos más expectantes del acto ha sido la intervención de Anxo Rama, Secretario Federal del  sindicato  policial  UNIPE, que ha  pedido  el  fin  de  las  coacciones a  los  policías y  ha  denunciado la indefensión que esta ley genera tanto para la ciudadanía como para la policía, por la falta de tutela judicial y la  nula  formación de la  policía  para  poder aplicarla  debidamente. “Queremos  expresar además el  afán estadístico y recaudatorio que existe en torno a esta ley. No son nuevas las denuncias que hacemos por las presiones  que  recibimos  para  aumentar  el  número  de  sanciones,  y  por  tanto  para  engrosar  las  arcas  del Estado”, comentó.